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El presidente Javier Milei avanzó con un decreto que delegó en nueve provincias la gestión de tramos de rutas nacionales, en un movimiento que combina descentralización administrativa con acuerdos políticos con gobernadores. La medida, largamente reclamada por los mandatarios provinciales, habilita concesiones y redefine el vínculo entre la Casa Rosada y las provincias.
El esquema incluyó a Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz, cuyos gobiernos habían manifestado interés en asumir funciones sobre corredores estratégicos. La iniciativa se apoyó en el concepto de “federalismo operativo” que promovió la actual gestión.
El decreto a la firma del Presidente permite que las provincias otorguen concesiones de obra pública para la administración, mantenimiento y ampliación de rutas. Estas tareas podrán financiarse mediante el cobro de peajes, bajo reglas fijadas por la legislación nacional vigente.
La normativa deja en claro que el Estado nacional mantendrá la titularidad de los caminos y la jurisdicción federal. El decreto establece que la Dirección Nacional de Vialidad conserva funciones de auditoría y supervisión técnica. Además, determina que cada proyecto deberá ser evaluado en su viabilidad económica y su impacto en el sistema vial nacional. En ningún caso la gestión provincial sobre las rutas podrá exceder los 30 años.
Detrás de la ingeniería administrativa, la medida expuso un movimiento político de Milei para consolidar vínculos con mandatarios provinciales. La cesión de herramientas de gestión apareció como una respuesta a demandas históricas del interior. La política de obra pública cero paralizó la construcción y la refacción de los caminos nacionales a lo largo del país y los gobernadores empezaron a pedir por la adminitración de esas rutas para volverlas a hacer transitables y prevenir accidentes.
El reclamo es, de hecho, uno de los que más aparecía en las reuniones que los gobernadores vienen sosteniendo con el ministro de Interior, Diego Santilli. A partir de la publicación del decreto, se definirán los tramos a intervenir, los plazos y las condiciones económicas de cada concesión. También se fijarán responsabilidades ante eventuales reclamos.
Según se desprende del texto, las provincias tendrán un año para lanzar licitaciones y 90 días para adjudicar los contratos. En caso de incumplimiento, la delegación caerá automáticamente y la Nación retomará el control.
La iniciativa se inscribe en la estrategia oficial de reducir el peso operativo del Estado nacional y trasladar funciones a niveles subnacionales. Al mismo tiempo, busca acelerar obras en rutas clave sin depender exclusivamente del presupuesto central. En definitiva, se traba de un gesto en sintonía con el que adelanta parte de los fondos de coparticipación para que los mandatarios cumplan con sus obligaciones más urgentes, pero sin transferir los ATN que los gobernadores reclaman. Como contó días atrás Letra P, Milei financia a algunos aliados, siempre con plata de las provincias.
En paralelo, el Gobierno dejó abierta la puerta a que otras jurisdicciones se sumen al esquema. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y nuevas provincias podrán solicitar su incorporación si cumplen los requisitos técnicos y financieros. La intención es avanzar hacia un nuevo esquema en el que todos creen que ganan un poco. Los gobernadores ganan protagonismo en la gestión de infraestructura de sus provincias, mientras la Casa Rosada retiene la supervisión y la capacidad de intervención ante situaciones críticas.
El decreto marca así un equilibrio entre descentralización y control, con impacto tanto en la red vial como en la dinámica política entre la Nación y las provincias.
Letra P.
